A pesar de que existen muchos casos exitosos de anulación de deudas en los estrados judiciales, muchas personas siguen siendo incrédulas, ya que piensan que deben cumplir muchos requisitos y ceder demasiado. Para despejar las dudas al respecto, aquí hablaremos sobre los pros y contras de la Ley de la Segunda Oportunidad.
¿Qué se consigue con la Ley de Segunda Oportunidad?
Desde 2015, esta ley provee herramientas fundamentales para deshacerse de las deudas. La más importante es el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, BEPI, que anula todas las obligaciones financieras que no pudieron ser satisfechas con la liquidación de bienes o los acuerdos de pago.
En pocas palabras, quienes transitan por esta ley obtienen una exoneración total, o parcial de las deudas, además de un reinicio a la vida crediticia, lo que les permite salir de ficheros de morosos como ASNEF.
Contar con la posibilidad de tener nuevamente créditos, hace que se facilite el inicio de nuevos proyectos o de mejoras, con la experiencia de no caer de nuevo en la insolvencia.
Pros de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad
Esta ley fue propuesta con el ánimo de aliviar las cargas financieras de los deudores, y estimular el crédito y la economía nacional. Por ello, cuenta con muchas ventajas para quienes la solicitan, como la posibilidad de detener intereses, los embargos, y renegociar las deudas.
Detener los intereses de las deudas
Los deudores no se enfrentan únicamente a los intereses remuneratorios, u ordinarios. También deben hacer frente a las sanciones e intereses por demora en pagos.
Afortunadamente, todos estos pueden congelarse bajo el amparo de la Ley de la Segunda Oportunidad, ya que su fin es lograr que el deudor pueda pagar, lo cual sería muy difícil si las deudas continúan creciendo.
Alta probabilidad de renegociar las deudas
Uno de los puntos más atractivos de esta ley, es que permite reformular las deudas con los acreedores. Es decir, se pueden estipular nuevos parámetros en plazos de pagos, tipos de interés, y formas de pago. Lo mejor de todo es que se pueden solicitar quitas o anulaciones de parte de las deudas, si se estima prudente.
Para que estos acuerdos sean efectivos, se debe presentar un plan de pagos, con fechas y montos, que satisfaga de forma plena las expectativas de los acreedores.
Posibilidad de detener los embargos
Cuando los acreedores interponen demandas de cobro ante el moroso, es muy probable que se efectúen embargos. En muchas ocasiones, estos embargos pueden perjudicar enormemente la actividad profesional del deudor.
Con el fin de no llegar a un escenario como el anterior, la Ley de la Segunda Oportunidad permite que se renegocien los términos de las deudas, como se explicó en el punto anterior.
Hasta que no se tomen nuevas decisiones, o se pacten nuevos acuerdos, todo tipo de embargo queda congelado. Especialmente, sobre aquellos elementos que sean indispensables para que el deudor desarrolle su actividad laboral.
Ganar tiempo y blindarse de nuevas demandas
Muy relacionado con el punto anterior, la Ley de la Segunda Oportunidad permite que los embargos se detengan temporalmente, permitiendo pensar con calma cuáles son las jugadas que se deben hacer para salir triunfante del caso.
A su vez, ingresar a la ley hace que no se puedan reabrir casos en el futuro, por lo que no se admitirán nuevas demandas de cobros.
Resguardar la vivienda de uso habitual
Con la nueva reforma a la Ley de la Segunda Oportunidad, es posible mantener la vivienda de uso habitual, para que no tenga que ser liquidada con el fin de pagar las deudas.
Claro está, que se deben cumplir varios requisitos para que esto suceda. Por ejemplo, debe ser la única vivienda que se posea, y demostrar que no se tiene otro lugar para establecerse.
Salir de la espiral de deudas
Son cientos de personas las que acceden a créditos para pagar una deuda anterior. Este método los hace caer en un espiral de sobreendeudamiento, ya que se adquiere una nueva carga económica para solventar otra.
Con esta ley se abre el panorama ante un posible perdón o exoneración de todas las obligaciones crediticias que no puedan ser asumidas por los escasos ingresos.
Desventajas de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
Hemos comentado los grandes beneficios que tiene esta ley, pero… ¿es todo tan maravilloso? ¿No hay consecuencias a tener en cuenta por el hecho de solicitar el amparo de esta ley?
En realidad, ingresar a la ley tiene aspectos no tan agradables, pero que vale la pena asumir, para eliminar las deudas de una vez por todas.
Posible pérdida de patrimonio
Una vez se ingresa al procedimiento de Ley de Segunda Oportunidad, los profesionales que acompañarán el caso tendrán que hacer una revisión del estado financiero del solicitante. Esto implica hacer un recuento de los bienes muebles e inmuebles que posea. Con ello, se abre la posibilidad de que sean rematados, en el futuro cercano, para pagar las deudas pendientes.
Pérdida de autonomía sobre decisiones financieras
En los procesos de Ley de Segunda Oportunidad es común que entre en juego un Administrador Concursal, quien tomará las decisiones de liquidaciones de bienes durante la fase judicial.
Si se llega a este punto, el deudor perderá la capacidad de decidir qué bienes retener, ya que será este profesional quien decida cuáles deberían liquidarse para solventar la deuda.
Es posible que se comprometa el patrimonio futuro
Una vez se adquiere el BEPI, el caso no se cierra por completo. Si la situación del antiguo deudor cambia sustancialmente, los acreedores pueden reabrir el proceso, solicitando el pago que les corresponde, y que las posibilidades del demandado mejoraron.
¿Cuánto tiempo dura la Ley de Segunda Oportunidad?
El proceso como tal dura, según la ley, una media de seis meses. Pero en la práctica se han visto casos que duran hasta un año, debido a la alta complejidad. Generalmente, ocurre así cuando son muchos los acreedores.
¿Cuánto cuesta acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?
Partiendo del hecho de que los deudores que se acogen no están pasando por su mejor momento económico, la ley establece unos montos para el pago de procedimientos, que implican las documentaciones y las firmas notariales.
A su vez, se deben tener en cuenta los costes de los profesionales que ayudarán en todo el proceso. Comúnmente, se trata de los abogados expertos en juicios concursales, y el Administrador Concursal.
Para hacerse una idea de lo que debe asumir alguien que entre a la ley sin tener bienes, los honorarios de abogados, durante todo el proceso, rondan los 3000 euros; los del Administrador Concursal, entre los 400 y 600 euros, y las documentaciones y papeleos, pueden ascender hasta los 300 euros.
Cabe resaltar que estas cifras pueden variar, ya que, en algunos casos, los costes se determinarán con base a los porcentajes del avalúo de las propiedades o bienes que se tengan en juego.
Finalizando y haciendo una síntesis de lo expuesto, con la Ley de la Segunda Oportunidad se obtiene la posibilidad de reestructurar los cobros, detener algunos embargos y el perdón de las deudas, especialmente cuando se emite el BEPI. Pero este documento puede ser revocado si no se cumplen los requisitos que se plantean para su obtención.
Sabemos que estos casos requieren asesoría personalizada. Ponte en contacto con nosotros, para que podamos ayudarte en los pormenores de tu situación.
